Opción Democrática propone creación del “Certificado de Uso y Habitabilidad” para prevenir tragedias como la del Jet Set

CONTEXTO

La reciente tragedia ocurrida en nuestro país, donde el techo de una edificación colapsó sin mediar evento natural ni impacto directo cobrando la vida de más de doscientas personas y múltiples personas heridas física y emocionalmente, ha dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. Este hecho ha puesto en evidencia la gran vulnerabilidad de nuestras infraestructuras, la inexistencia de un proceso periódico que certifique las edificaciones y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión, mantenimiento y control de estas.

Ante esta realidad y con el firme compromiso de que una catástrofe de esta magnitud no vuelva a repetirse, desde el partido Opción Democrática, presentamos a consideración de varias instituciones públicas y privadas la propuesta para la creación e implementación de un Certificado de Uso y Habitabilidad de Infraestructuras.

Este instrumento legal y técnico, existente en otros países de la región, permitirá establecer un sistema de revisión periódico y obligatorio de edificaciones tanto públicas como privadas, con énfasis en aquellas destinadas al uso masivo de personas.

La propuesta aquí contenida busca ser un punto de partida para el fortalecimiento institucional en materia de seguridad estructural, promoviendo una cultura de prevención y una acción estatal proactiva, coordinada y eficiente.

PROPUESTA

En varios países de la región, con estándares adecuados de seguridad y planificación urbana, la existencia de mecanismos como el Certificado de Uso y Habitabilidad es una práctica común y obligatoria de la planificación urbana. Países como México, Chile, Colombia y Argentina cuentan con una certificación legal y técnica, tanto como requisito previo a la ocupación, compraventa o cambio de uso de una edificación, como para verificar la estructura con el paso del tiempo. Su objetivo es garantizar que los espacios habitables cumplan con las condiciones mínimas de seguridad estructural, ambiental, accesibilidad, salubridad y sostenibilidad.

En contraste, la República Dominicana aún carece de un marco normativo que exija un certificado de habitabilidad de renovación periódica. Esta ausencia representa un vacío legal significativo en materia de gestión del riesgo, dejando a la ciudadanía expuesta a estructuras que, en muchos casos, no han sido evaluadas desde su construcción.

En este sentido, el Certificado de Uso y Habitabilidad puede entenderse como la “cédula de identidad” de una edificación: un documento que valida oficialmente su capacidad para ser habitada o utilizada de manera segura. Así como ningún ciudadano puede ejercer sus derechos civiles sin su cédula de identidad, ninguna edificación debería estar en funcionamiento sin un documento que certifique el cumplimiento de los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad. 

Además, tal como la cédula de identidad debe renovarse cada cierto tiempo para actualizar la fotografía, los datos personales y verificar la vigencia de la información del ciudadano, la cédula de los edificios también debe ser renovada periódicamente. Esto permite asegurar que la estructura se mantiene en condiciones adecuadas con el paso del tiempo, que no ha sufrido daños invisibles o deterioro por uso, y que sigue cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad exigidas por la ley.

En este sentido, es crucial que el Congreso Nacional estudie, revise y adecue esta y otras propuestas normativas a nuestro marco legal vigente, tomando como referencia buenas prácticas regionales. Entre ellas destacan la Ley sobre Certificado Técnico de Ocupación y Supervisión Técnica Independiente de Colombia, la Ley General de Protección Civil de México y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que pueden servir como punto de partida para la elaboración de un proyecto de ley coherente, integral y aplicable a nuestra realidad nacional.

Sugerimos que este proyecto contenga los siguientes requisitos mínimos para la emisión del certificado:

• Seguridad estructural: Verificación del cumplimiento de las normas de diseño y construcción, mediante evaluación técnica estructural realizada por un profesional acreditado y evaluación de cualquier modificación o desgaste durante su vida útil.
• Condiciones sanitarias e higiénicas: Revisión del acceso a agua potable, sistemas de saneamiento, sistema de ventilación, control de filtraciones, manejo de residuos y control de plagas.
• Instalaciones eléctricas y contra incendios: Validación de que las instalaciones eléctricas estén en condiciones adecuadas, que existan sistemas funcionales de prevención y respuesta ante incendios y que los mismos sean revisados periódicamente
• Plan de evacuación y señalización de seguridad: Toda edificación debe contar con disponibilidad de herramientas para el manejo y extinción de conatos, rutas de escape señalizadas, salidas de emergencia y orientación para situaciones de riesgo.
• Accesibilidad universal: Cumplimiento de los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad, de acuerdo con normativas nacionales e internacionales.
• Uso adecuado del espacio: Definición del aforo máximo permitido y evaluación del impacto urbano (tránsito, ruidos, accesos, convivencia).
• Criterios de sostenibilidad: Incentivo a prácticas constructivas amigables con el medio ambiente, eficiencia energética y materiales sostenibles.

Igualmente, proponemos que el Certificado de Uso y Habitabilidad sea renovable periódicamente y de forma obligatoria. Esta medida es fundamental para garantizar el mantenimiento continuo y adecuado de las infraestructuras a lo largo del tiempo. Una renovación obligatoria permitiría detectar a tiempo posibles deterioros, prevenir riesgos y asegurar que los inmuebles se mantengan en condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad. Para que este mecanismo sea realmente efectivo y no quede como una formalidad sin impacto, es indispensable que la vigencia actualizada del certificado sea un requisito obligatorio para trámites clave como la transferencia de propiedad, la contratación de seguros, el acceso a servicios públicos o el pago de impuestos. Solo así se incentivará su cumplimiento y se consolidará una cultura de responsabilidad y prevención en el manejo del entorno construido.

En ese sentido, proponemos que el Certificado de Uso y Habitabilidad deba renovarse de manera ordinaria cada 10 años y extraordinariamente en los siguientes casos:

• Cuando se solicite un cambio en el uso original de la edificación.
• En caso de cambio de propietario del inmueble.
• Cuando se arriende para fines comerciales, industriales o institucionales, o por un período superior a cinco (5) años.
• Al realizar remodelaciones, ampliaciones o intervenciones estructurales.
• Cuando la edificación haya permanecido cerrada o inactiva por más de cinco (5) años.
• Después de un evento externo que comprometa la seguridad de la estructura (terremoto, incendio, inundación, etc.)

Finalmente, proponemos que el Certificado de Uso y Habitabilidad sea emitido por una comisión técnica y legal integrada por las siguientes instituciones:

• Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).
• Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE).
• Alcaldía correspondiente.
• Cuerpo de Bomberos local.

La implementación de esta medida de control técnico contribuiría significativamente a la reducción de riesgos de colapsos y accidentes ocasionados por fallas estructurales o deficiencias en el mantenimiento. Esto se traduce en una mayor confianza en la seguridad de los espacios. Además, fortalece la planificación urbana y la gestión del riesgo, al tiempo que establece un marco legal claro de responsabilidades de fiscalización. La implementación de esta propuesta impulsaría la promoción de construcciones más sostenibles y seguras, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Finalmente, Opción Democrática reafirma su compromiso con una política pública orientada a la prevención, la justicia y el bienestar colectivo, convencida de que un entorno seguro y bien mantenido es esencial para una sociedad más equitativa y resiliente. En este marco, hace un llamado firme a las autoridades competentes y a los distintos sectores profesionales del país a unirse a esta iniciativa, enriqueciendo esta propuesta y sumando esfuerzos para construir un futuro más seguro, justo y digno para todas las personas.